Publicado na Revista Eletrônica “La Onda Digital”, edição 598 – Uruguay, outubro de 2012.
Ya, está absolutamente claro el hecho de que U$S 700 trillones anuales del mercado derivativo se convirtieron en el instrumento de la codicia de la actual crisis de los mercados financieros, que estalló en 2009. En efecto, el tamaño del mercado de derivativos es unas 12 veces mayor que el producto bruto interno mundial (PBI), que claramente pone de manifiesto la naturaleza del riesgo extraordinariamente alto de las respectivas operaciones.
El liderazgo mundial, en el intento de contener los abusos de los mercados de los derivativos, fue asumido por los EE.UU., donde se originó la crisis y donde fue más profunda. Allí, la iniciativa legislativa fue la promulgación de la Ley Dodd-Frank, en julio de 2010, que exige que la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos dicte normas que aborden temas importantes como el capital y los requisitos de margen, compensaciones obligatorias, la operación de servicios de swap, además de realizar negocios estándares para agentes de valores y los principales participantes.
En la Unión Europea (UE), el segundo mayor mercado para derivativos y los abusos y fraudes que son intrínsecos al comercio, se propuso un nuevo Reglamento de la Infraestructura de Mercados Europeos (EMIR), el 1° de julio de 2012 para ser aplicado “a partir de fin de año”. Iniciativas similares se están llevando a cabo en Japón, Hong Kong, Australia y Singapur. Todos estos esfuerzos regulatorios están dirigidos, en gran parte, a frenar la expansión por “sobre los derivativos extrabursátiles”, u OTCs, que son transacciones realizadas directamente por las partes, sin depuración de la bolsa de valores. A menudo, el comercio bancario en este mercado directamente con sus clientes en situaciones flagrantes de conflicto de interés en que los consumidores son siempre los perdedores.
Brasil tiene una de las mayores bolsas de derivativos del comercio mundial en forma de futuros y opciones. En 2010, el BMF-Bovespa se convirtió en el sexto mayor mercado de derivativos del mundo. Para 2012, unos 450 millones de contratos estarán cerrados por un valor de alrededor de U$S 22,2 trillones de dólares, lo que supone aproximadamente 10 veces el valor del PBI brasileño.
Como en otros lugares, los bancos son los principales actores en el mercado brasileño, haciendo dinero fácil a menudo mediante la apuesta en contra de las políticas monetarias tradicionalmente débiles del gobierno en las áreas de cambio y tasas de interés. A los bancos en Brasil también les gusta lograr grandes ganancias a costa de sus clientes. Así, el instituto de derivativos en Brasil, como en otras partes, pasó a ser más un instrumento para los beneficios de los actores en el área de servicios financieros, que en uno de asistencia para la operación de negocios relacionados con la economía real. En consecuencia, los riesgos institucionales de fechorías en el mercado de los derivativos en Brasil son casi tan grandes como lo son en los EE.UU. y en la UE.
La reacción del gobierno brasileño frente a la amenaza hasta el momento ha sido no sólo insuficiente, sino débil y tímida. El 8 de diciembre de 2011, Brasil promulgó la ley 12.543, exigiendo el registro de los “contratos derivativos” autorizados por el Central de Brasil o por la Comisión de Seguridad. La ley también lo permite. La ley también habilita a las autoridades a regular aún más el mercado con respecto a los márgenes, depósitos, límites, términos y otras condiciones. Algunas medidas fiscales también fueron creadas para contener la cantidad de capital especulativo en el extranjero que ingresa al país.
Hasta ahora, en Brasil, como en otros lugares, nada se ha hecho efectiva y dramáticamente para contener la naturaleza especulativa del mercado de los derivativos, tal como existen en la actualidad. Es necesario hacer más.
Traducido para LA ONDA DIGITAL por Cristina Iriarte